Del 3 al 8 de agosto se realizó en Quito (Ecuador) el Seminario sobre Ecología: “Ambientes, Economías y pueblos”, convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad (Dejusol) del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que contó con representantes de 18 países de América Latina y El Caribe.

     Como resultado del trabajo, los participantes elaboraron una declaración en la que hacen llegar su “preocupación y reflexión a gobernantes, legisladores, académicos, empresarios, líderes de diversas organizaciones sociales” y también “nuestras comunidades cristianas y a todos nuestros pueblos”.

Se busca la utilidad y no la satisfacción de las necesidades humanas
     “Constatamos que el problema del calentamiento global y el cambio climático es una realidad presente y permanente que nos afecta local y globalmente”; expresa la declaración, y explica que el calentamiento actual del planeta y los cambios climáticos regionales, “que afectan la calidad de vida de nuestros pueblos, tienen su origen en el incremento del dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera (gases de efecto invernadero, GEI) debido a la actividad humana desde al menos los últimos 50 años”.

     Al respecto advierten: “La responsabilidad de estos aumentos de GEI corresponde principalmente al consumo de energía, entre ellas la eléctrica, y al desmonte masivo y quema de bosques y selvas . Somos conscientes que el problema del calentamiento global se presenta como un síntoma de la crisis de un paradigma o modelo socioeconómico basado en la maximización de la ganancia y el consumo exacerbado de bienes renovables y no renovables. Este modelo inspirado en el paradigma neoliberal impulsa la búsqueda de la utilidad siempre creciente y no la satisfacción de las necesidades humanas básicas en la falsa e imaginaria concepción de un planeta inagotable, proveedor de recursos”.

     “El evidente desequilibrio ecológico -prosigue el texto- y la brecha creciente entre ricos y pobres en el planeta, pese al crecimiento económico, ha puesto de manifiesto la inviabilidad del modelo”, ya que “el 25% de la población mundial consume el 80% de los recursos disponibles”.

La crisis del agua
     Una mención especial merece en la declaración la “crisis del agua”; ya que se advierte que “en el mundo, hoy por hoy, mil doscientas millones de personas no tienen acceso al agua potable y dos mil cuatrocientas millones no tienen servicios sanitarios adecuados. Esta situación extrema puede verse agravada en razón del potencial aumento de la población mundial, del uso excesivo del agua para la agricultura y otras actividades, de su contaminación por desechos humanos, agrícolas e industriales”.

     Frente a esta situación se evidencian dos posturas antagónicas en el continente: por un lado están quienes ven en esta crisis “una oportunidad para hacer negocios” y, por otro lado, “quienes perciben la necesidad de declarar el agua dulce un bien público, patrimonio de todos los seres vivos y un derecho para todos los seres humanos; postura que sostenemos”. Y subrayan: “Más aún, el calentamiento global está agravando la crisis del agua dulce ya que ciudades y pueblos dependientes de glaciares comienzan a sufrir sus consecuencias por derretimiento y extinción. Siendo que el agua es un bien vital para la supervivencia y desarrollo humanos, muchas poblaciones podrían verse forzadas a migrar constituyendo el conjunto de los ‘desplazados ambientales’”.

Minería
     La declaración se refiere también a la minería llamada “de cielo abierto”, y señalan en este campo “situaciones que se replican en varios países”, al referirse a “empresas de un mismo origen, de estrategias de comunicación y ‘beneficios’ similares, que incumplen las legislaciones locales e internacionales de impacto ambiental y laboral, provocan el desmonte masivo, degradan y contaminan fuentes de agua dulce y el aire por la tecnología aplicada para obtención del mineral (oro y otros), poniendo en riesgo la salud de la población; a lo cual se le suma sospechas de corrupción en el proceso de licencias y en los mecanismos de monitoreo y control”.

Bio-combustibles
     En cuanto a los agro-bio-combustibles, que algunos los consideran como una fuente alternativa de energía frente a la crisis del petróleo, sin embargo, advierten que “su producción emite GEI, promueve el desmonte masivo, consume petróleo y agua dulce, y el grado de eficiencia es discutible. Para equiparar el consumo actual de energía basada en petróleo se necesitaría más de un planeta tierra cultivado para la producción de biocombustible. Los biocombustibles son derivados principalmente de vegetales, muchos de los cuales son esenciales para la alimentación humana poniendo en riesgo alimentario a nuestros pueblos, afectando de manera sustancial el abastecimiento y el precio”.

Un sistema perverso
     A partir de lo expuesto, los firmantes consideran que se trata de “un sistema perverso que busca exacerbar las riquezas económicas rápidas sin tener en cuenta el destino universal de los bienes. Esta idea del destino final, de la comunión cristiana de bienes, debe ser un principio inspirador del trabajo por la justicia ambiental”. Por ese motivo subrayan la urgencia de “tomar medidas correctivas ante la irreversible pérdida de biodiversidad de los ambientes de la región, la apropiación, sobrexplotación y contaminación de agua dulce y el deterioro de la calidad de vida de nuestra gente, entre otros”.

     Sostienen que “estos desafíos nos retan a reforzar la voz profética de las iglesias locales mediante el desarrollo de una nueva espiritualidad con métodos pastorales acordes y la integración de los diversos agentes de pastoral que ayuden a la transformación del estilo de vida consumista imperante y el cuidado de los bienes de la creación”, pero además, “la urgencia de la crisis ambiental impele al trabajo conjunto de preservación de la creación con otras expresiones de fe que ven en ella un don del Creador”.

     Por último, piden “a los gobiernos, empresarios y organizaciones sociales, la revisión y/o creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que contemplen la dinámica ecológica y el desarrollo socioeconómico sostenible” y recuerdan que “es imperante que los países ratifiquen y cumplan los diversos protocolos y tratados internacionales en materia de calentamiento global y cuidado ambiental”.

Fuente: AICA.org - Ecuador (permite publicar citando la fuente)

Foto: Galería de -Ronin- en Flickr (cc)