Aunque cada día crece un movimiento mundial contra la crisis climática que nos amenaza, las negociaciones sobre el acuerdo de Copenhague (Dinamarca), que se espera sea firmado en diciembre, están entrabadas porque la mayoría de los países ricos buscan que los acuerdos no afecten a sus economías y los países pobres, sacar ventajas económicas, mientras que el bienestar de la humanidad y la salud del planeta son lo que menos cuenta.

Sin embargo, lo más preocupante es que no existe la suficiente claridad conceptual en cómo se resolverá el problema. A estas alturas, todos saben que lo que se requiere es una drástica disminución de las emisiones de gases de invernadero (llamadas emisiones de carbono para abreviar), pero cada vez se cuestiona más si los mecanismos propuestos para lograrlo son los más acertados.
Por una parte, la mayoría de los negociadores, como fue establecido en el Protocolo de Kioto, apuntan a mecanismos como la venta de créditos de carbono, a pesar de que no han funcionado bien. Por otra, existe una creciente oposición a estos mecanismos debido a que es muy difícil controlarlos, o peor aún porque ofrecen falsas soluciones, como el comercio de créditos de carbono con los países en desarrollo. Por medio de este mecanismo, una industria que emite grandes cantidades de carbono, en vez de disminuir sus emisiones en el país donde las emite, financia un proyecto “de desarrollo limpio” en un país en desarrollo y continúa emitiendo la misma cantidad de carbono. Es así que, al fin de cuentas, no se reduce nada.
El hecho es que, a pesar del Protocolo de Kioto, en lo que va de la década las emisiones de gases de invernadero se han incrementado en casi un 3% anualmente, y sólo unos pocos países han hecho reales esfuerzos por reducirlas.
Además, el mecanismo de cap-and-trade (límite y comercio), que se utiliza en los países desarrollados para disminuir las emisiones y que es el principal instrumento del proyecto de Ley de Energía Limpia y Seguridad que actualmente se discute en el Senado norteamericano, también ha sido puesto en cuestión por sus propios creadores.
Thomas Crocker, quien creó este sistema a fines de los años 60, duda que pueda funcionar a gran escala. En sus declaraciones a la prensa, dijo: “Soy escéptico de que ‘límite y comercio’ sea la forma más efectiva de regular el carbono. Prefiero un impuesto directo a las emisiones porque será más fácil de implementarlo y proveerá la necesaria flexibilidad para afrontar el problema”, ya que “una vez que se ha puesto en marcha el sistema de límites es muy difícil reajustarlo”, afirmó. Además señaló que “no me queda claro cómo se puede implementar un sistema de permisos a escala internacional. No hay instituciones actualmente que tengan ese poder”.
Luego de la crisis financiera que mostró la gran debilidad del sistema regulatorio, varios prominentes economistas se han pronunciado argumentando que los impuestos al carbono son más efectivos para reducir las emisiones porque desincentivarán el consumo excesivo de combustibles fósiles e impulsarán el empleo de energías renovables. Además, si los impuestos se invierten en cambiar la matriz energética basada en combustibles fósiles, se puede esperar una transición hacia economías bajas en carbono.
De hecho, actualmente Francia ha optado por los impuestos al petróleo y varios países están invirtiendo cada vez más en energías no contaminantes. Pero el poderoso lobby de las compañías petroleras hace creer que el dudoso negocio de la venta de créditos de carbono es la única solución.

Fotos de la galería de guilherme cecílio en Flickr (cc)